Tema I y III: Conclusiones del XXI Congreso Mundial de Derecho Registral.

Tema I y III: Conclusiones del XXI Congreso Mundial de Derecho Registral.



 

 

 

 

Durante los días 2 al 4 de mayo de 2018 se celebró en Cartagena de Indias, Colombia, el XXI Congreso Internacional de Derecho Registral IPRA-CINDER.

 

En dicho evento se eligió a la Asociación Sindical de Registradores de Portugal como organizadora del próximo congreso y, finalmente la asamblea eligió por unanimidad a Alfonso Candau como nuevo secretario general IPRA-CINDER para los próximos cuatro años.

 

Puedes leer las conclusiones del Tema I y III aprobadas en la Asamblea General de IPRA-CINDER:

 

TEMA 1: Comunidades indígenas y restitución de tierras en conflictos armados.

 

1. La propiedad se ha valorado como un derecho fundamental reconocido constitucionalmente en cada uno de nuestros países para vivir con dignidad. En virtud a ello debe tenderse a su protección, en especial de los grupos minoritarios.

Se ha verificado que la propiedad de las comunidades indígenas es un tema abierto en el cual no se ha logrado garantizar plenamente su disfrute, debiendo los Estados tender a reconocer sus derechos individuales y colectivos y por tanto establecer políticas públicas que permitan ello.

2. Asimismo, en nuestros países han existido diversos conflictos sociales que obligaron a los titulares a abandonar su propiedad y desplazarse hacia otros sectores. Esto llevó en la práctica a la ocupación de estos por parte del estado o terceros, apropiándose de sus inmuebles.

3. Tanto en la regulación de las comunidades indígenas como en los inmuebles apropiados luego del cese de los conflictos armados deberá realizarse un procedimiento transparente y eficaz que faciliten el ingreso al registro de los procedimientos de reivindicación o de restitución de tierras.

El registro tiene en esto una función importante como medio de referencia para la restitución a aquellos que hubiesen registrado su propiedad con anterioridad. Y en aquellos casos que no hubiese existido inscripción, deberá llevarse a cabo procedimientos de saneamiento simplificados que permitan una identificación clara de las titularidades.

La inscripción permitirá no sólo la seguridad del reconocimiento de su propiedad, sino la posibilidad de su puesta en valor.

Cada sistema determinará las formas de acceso sin que perjudiquen los principios institucionales del sistema. Se recomienda la flexibilidad en las vías de acceso de estas situaciones al registro. En definitiva se trata que el registro sea íntegro.


TEMA 3: ¿Cómo medir la seguridad jurídica en materia de derechos de propiedad?


Los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas.
El indicador 1.4.2 dentro del marco de los objetivos de desarrollo sostenible supone reconocer la importancia de la seguridad jurídica en la lucha contra la pobreza que es definido como el primer objetivo

La medición de la seguridad jurídica es de gran utilidad para conocer los avances realizados en esta materia, tener una visión clara de la realidad y puede ser utilizado por los poderes públicos para diseñar políticas en beneficio de los ciudadanos.

Ahora bien, la medición de la seguridad jurídica resulta difícil por la existencia de distintos sistemas jurídicos nacionales y la existencia también dentro de una misma jurisdicción de distintos regímenes jurídicos

Los Registros de la Propiedad son un instrumento esencial para medir seguridad jurídica. Sin embargo, no todos los registros producen el mismo efecto y sus pronunciamientos no tienen el mismo valor.

Es recomendable que en los registros puedan obtenerse datos desagregados por género con el fin de conocer la igualdad en el acceso a los derechos de propiedad.

Es recomendable que las instituciones registrales dispongan de instrumentos estadísticos para el uso del poder público, y también para los ciudadanos privados que permitan conocer la realidad del país.

Los registros suponen un grado mayor de certeza que el enunciado del indicador del 1.4.2, documentación legalmente reconocida. El asiento es más que un documento y además tiene la garantía del Estado.