Puerto Rico. Nulidad de Testamento Abierto.
- 19/08/2003
- Internacional
El peticionario intenta fundamentar su teoría de que el requisito de dar fe del conocimiento del testador es uno sujeto a ser subsanado, en los casos de Paz v. Fernández, ante; Sucn. Pacheco v. Pacheco, ante; Berdeguez v. Registrador, 27 D.P.R. 214 (1919); y la Sentencia del Tribunal Supremo de España de 5 de octubre de 1962. No obstante, luego de una lectura desapasionada de los referidos casos, resulta obvio que en ninguno de ellos estaba ante la consideración del Tribunal el requisito de la dación de fe del conocimiento.[12] Esto es, la referida jurisprudencia no sostiene ni constituye autoridad con respecto a la formalidad testamentaria aquí en controversia.[13] V Habiendo concluido que no puede subsanarse la omisión de la dación de fe de conocimiento mediante la presentación, a posteriori, de evidencia que demuestre que el notario autorizante conocía a la testadora, atendemos el reclamo del peticionario a los efectos que el método supletorio utilizado en el presente caso por el notario cumple con las formalidades exigidas por nuestro Código Civil. Pasemos a evaluar la única expresión que en cuanto a la identidad del testador hace el notario en la escritura de testamento que nos ocupa. A esos efectos se consignó lo siguiente: De haberme asegurado de la identidad de los comparecientes por los medios establecidos en la Ley Notarial vigente, Artículo 17 (c) y por sus manifestaciones de sus expresadas circunstancias personales de la Testadora, como así de los testigos, de haberse practicado en un solo acto, sin interrupción de clase alguna con todas las formalidades legales previstas en el Código Civil vigente, y las demás leyes correspondientes de cuanto va contenido en este instrumento público, yo, el Notario bajo mi firma, signo, sello y rúbrica, DOY FE. Debemos aclarar que, en materia de testamentos, el Artículo 17 (c), ante, es complementario a los preceptos contenidos en el Código Civil, sin que bajo ningún concepto pueda entenderse que el mismo sustituye lo allí dispuesto. Nótese que siempre que este Tribunal ha utilizado dicho precepto, en cuanto a actos testamentarios se refiere, ha sido con el único propósito de definir cuáles deben ser los documentos de identidad apropiados para identificar al testador. Es el Artículo 635, ante, el que debe ser rigurosamente observado cuando se tiene la necesidad de identificar al testador por medio de documentos de identidad y no el Artículo 17 (c) de la Ley Notarial. Éste, repetimos, sólo es de aplicación a los efectos de determinar qué documentos deberán ser utilizados para acreditar la identidad del testador. Aclarado el alcance del Artículo 17 (c) de la Ley Notarial, pasamos a analizar si lo consignado en la cláusula transcrita cumple con los requisitos exigidos por el Código Civil en su Artículo 635, ante, para aquellos casos en que se utilicen documentos de identidad como método supletorio. Veamos. En la escritura de testamento que hoy ocupa nuestra atención, al referirse a la identidad de los comparecientes, el notario autorizante se limitó a expresar que se había asegurado de la identidad de los comparecientes por los medios establecidos en el Artículo 17 (c) de la Ley Notarial, ante. Ya hemos señalado que lo dispuesto en este Artículo 17 (c) de ningún modo sustituye lo dispuesto en el Artículo 635 de nuestro Código Civil, ante. Cuando no sea posible identificar al testador por medio del conocimiento directo o el indirecto se tendrá que cumplir con lo que exige el Código para estos casos; esto es: se tendrá que incluir una expresión sobre la imposibilidad de identificar la persona del testador en la forma prevenida en el Artículo 634, ante, y, entonces, se tendrán que reseñar los documentos presentados por el testador y sus señas personales. A tenor con la doctrina previamente esbozada estos son requisitos esenciales e indispensables para la validez del testamento. Esto es, estamos ante solemnidades que al ser omitidas provocan la nulidad absoluta del testamento. Por un lado, la declaración de imposibilidad de conocer al testador o utilizar testigos de conocimiento es la causa que permite testar de modo supletorio; y, por el otro, la reseña de documentos es la única forma de fijar en el instrumento la identidad del testador desconocido, por si en el futuro la validez de esa identificación fuese cuestionada. Por otra parte, es preciso destacar que, al igual que en el caso de la dación de fe de conocimiento, nos encontramos ante formalidades expresamente exigidas por el Código Civil; esta vez en su Artículo 635, ante. Tampoco nos persuade el planteamiento del peticionario en cuanto a que en Ramírez Lebrón v. Registrador, 131 D.P.R. 76 (1992), este Tribunal calificó este requisito como uno "mero formal o de forma extrínseco" por no haberse declarado en aquella ocasión que las escrituras en cuestión eran nulas ab initio. Es de notar, sin embargo, que en Ramírez Lebrón v. Registrador, ante, no teníamos ante nuestra consideración una controversia relacionada con la validez de un documento, sino un recurso gubernativo donde se cuestionó la actuación del Registrador al denegar la inscripción de dos escrituras. Los pronunciamientos allí esbozados iban dirigidos a confirmar la denegatoria del Registrador y no a establecer la nulidad o validez de los documentos en controversia.[14] En virtud de lo antes expuesto, forzoso es concluir que el no reseñar en el testamento que nos ocupa los documentos específicos de identidad utilizados y las señas personales de la Sra. Gertrudis Muñoz Mestre, constituye un defecto de fondo que hace inexistente la escritura de testamento objeto del presente litigio. Abona a esta conclusión de inexistencia la inobservancia del requisito exigido por ley en cuanto a la declaración de imposibilidad de identificar mediante el conocimiento directo o indirecto. En vista de que en el testamento objeto del presente litigio no se dio fe de conocer a la testadora y que tampoco se cumplieron las solemnidades exigidas para la validez del método supletorio, forzoso es concluir que no incidió el foro apelativo intermedio al confirmar la resolución del tribunal de instancia en cuanto a la nulidad del testamento que hoy nos ocupa. VI Según señaláramos previamente, en el presente caso la Asociación de Notarios (en adelante la Asociación) solicitó se le permitiera intervenir como amicus curiae, lo cual permitimos. A tal efecto, ha presentado ante nos ciertos planteamientos que, a pesar de que no alteran la decisión que hemos tomado en cuanto al caso que hoy nos ocupa, entendemos deben ser brevemente atendidos. En su comparecencia, la Asociación reconoce y acepta como cierto que "la Ley y el Reglamento adoptado para regir la práctica notarial exigen que se haga constar una dación de fe específica de conocimiento personal en todos los documentos notariales, o que se haga constar específicamente el método alterno que se ha utilizado para constatar la identidad de los otorgantes de un documento." Sin embargo, llama nuestra atención hacia el hecho de que "dicho reglamento fue adoptado en 1995; dos años después del otorgamiento del testamento de que se trata." Inmediatamente, nos expresa que no sería propio ni justo aplicar al presente caso las exigencias de un reglamento que no existía al otorgarse el testamento aquí en controversia. De entrada, debemos aclarar que los requisitos a los que se refiere la Asociación en su comparecencia son formalidades propias de los actos testamentarios, exigidas por disposiciones que fueron incorporadas a nuestro acervo jurídico desde que fuera extendido a Puerto Rico el Código Civil de España en el año 1889. Luis Muñoz Morales, El Código Civil de Puerto Rico: Breve reseña histórica, 1 REV. JUR. U.P.R. 75, 77 (1932). Aun analizando su contención, a la luz de lo dispuesto en el Artículo 17 (c) de la Ley Notarial, ante, forzoso es concluir que debió especificarse el documento utilizado para identificar a los comparecientes, ya que desde el año 1992, un año antes del otorgamiento del testamento aquí en controversia, este Tribunal estableció, en términos generales, que: "[t]eniendo el notario el deber de ser ´acucioso y esforzado en revelar la identidad de quienes ante él contratan o actúan´ somos del criterio que resulta complementario a dicho deber que el notario, de no conocer a alguno de los otorgantes, haga constar en la escritura que otorga el método supletorio específico de identidad que utilizó para cerciorarse, en forma ´acuciosa y esforzada´ de la misma." Ramírez Lebrón v. Registrador, ante a la pág. 90. (Énfasis en el original y citas omitidas.) Debemos destacar el hecho de que, en dicho caso, en específico, señalamos que al recurrir al método supletorio dispuesto en el Artículo 17 (c) el notario "tiene el deber de denominar, reseñar o indicar el documento de identidad con retrato y firma que utilizó para identificar al otorgante." Ramírez Lebrón v. Registrador, ante, a la pág. 90, esc. 5. Así pues, resulta que dado el texto claro y terminante de los artículos del Código Civil que hoy nos ocupan, los cuales han estado vigentes desde el año 1889 y la doctrina esbozada por este Tribunal previo al otorgamiento del testamento en controversia, toda la comunidad notarial debió estar al tanto de los requisitos exigidos en cuanto al uso de documentos de identidad como medio supletorio y la dación de fe de conocimiento del testador. Ya hemos advertido sobre la importancia suprema e ineludible de que los notarios observen escrupulosa y cuidadosamente el mandato de ley sobre la comparecencia y conocimiento de los otorgantes. In re Ramos Vélez, ante. No podemos, pues, avalar la contención de la Asociación en cuanto a este particular. Nos señala la Asociación, en segundo término, que los autos del presente caso demuestran que existe una genuina controversia, que debió adjudicarse luego de haberse celebrado una vista evidenciaria; ello con el propósito de que cada una de las partes presentara prueba en apoyo de sus respectivas alegaciones. Ya hemos expresado que los defectos de que adolecía el testamento bajo análisis eran de fondo y no de forma. Esto es, de ningún modo procedía subsanar su omisión mediante la presentación de evidencia presentada a posteriori. Exigiendo la ley que dichas formalidades aparezcan expresamente consignadas en el testamento, lo único que procedía en el caso de marras era evaluar el documento para determinar si las mismas fueron o no consignadas. Es decir, no había controversia ninguna en torno a si se incluyó o no la dación de fe de conocimiento del testador y tampoco en cuanto a que no se reseñaron los documentos utilizados al identificar a la testadora. La controversia giraba en torno a si la omisión de las referidas formalidades viciaban o no de nulidad absoluta el testamento en cuestión. Esto fue precisamente lo que entendió el Tribunal de Circuito de Apelaciones al señalar que tenía ante sí una controversia de Derecho. Estando claro que no se hizo expresión alguna en el testamento sobre las formalidades que expresamente exige el Código, sólo quedaba analizar el Derecho aplicable al caso, sin que bajo ningún concepto procediera que un tribunal, en una vista evidenciaria, recibiera prueba sobre su cumplimiento. Ello considerando que a tenor con nuestros pronunciamientos, dichas formalidades no pueden ser subsanadas o "curadas" mediante prueba extrínseca. C Finalmente, aducen, tanto la Asociación como el peticionario, que el notario autorizante de un documento impugnado debe ser parte indispensable en el procedimiento donde se cuestione la validez del documento. Veamos. La Regla 16.1 de Procedimiento Civil, 32 L.R.P.A., Ap. III, R. 16.1, define el concepto "parte indispensable" como aquella persona que tiene "un interés común sin cuya presencia no pueda adjudicarse la controversia." A través de los años este Tribunal, al interpretar la referida disposición, ha utilizado, por su fuerza persuasiva, la doctrina y jurisprudencia norteamericana relativa a la Regla 19 de Procedimiento Civil federal.[15] Hemos señalado que una "parte indispensable" es aquella que tiene tal interés en la cuestión envuelta que no puede dictarse un decreto final entre las otras partes sin lesionar y afectar radicalmente sus derechos. Pueblo v. Henneman, 61 D.P.R. 189, 194 (1942); Fuentes v. Tribunal de Distrito, 73 D.P.R. 959, 981 (1952); Cepeda Torres v. García Ortiz, 132 D.P.R. 698, 704 (1993); Rodríguez Rodríguez v. Moreno Rodríguez, 135 D.P.R. 623, 627 (1994); Sánchez Encarnación v. Sánchez Brunet, res. 13 de julio de 2001, 2001 TSPR 107. Esto es, los intereses de esta parte "podrían quedar destruidos o inevitablemente afectados por una sentencia dictada estando esa persona ausente del litigio." Fuentes v. Tribunal de Distrito, ante, a la pag. 981. Adviértase que no se trata de un mero interés en la controversia sino de aquél de tal orden que impida la confección de un decreto adecuado sin afectarlo. Véase: Hernández Agosto v. López Nieves, 114 D.P.R. 601, 607 (1983); Granados Navedo v. Rodríguez Estrada, 124 D.P.R. 593, 603 (1989); Municipio de Ponce v. Autoridad de Carreteras, et al., res. 29 de diciembre de 2000, 2000 T.S.P.R. 194; Sánchez Encarnación v. Sánchez Brunet, ante. Éste debe ser, además, de índole real e inmediato. Véase: Hernández Agosto v. López Nieves, ante, a las págs. 610-11. Con relación a la frase "sin cuya presencia no pueda adjudicarse la controversia" hemos precisado que ésta entronca con la antigua doctrina inglesa sobre la indispensabilidad y que en Puerto Rico dicha expresión tiene un alcance limitado. Municipio de Ponce v. Autoridad de Carreteras, ante; Hernández Agosto v. López Nieves, ante, a las págs. 607-08. Así lo establecimos en Municipio de Ponce v. Autoridad de Carreteras, ante, al señalar que "excepto en aquellas circunstancias en las que la adjudicación sin la persona ausente tendría un efecto perjudicial sobre el interés real e inmediato que ésta tiene en el pleito, en raras ocasiones será imposible resolver la controversia sin su presencia." (Énfasis suplido.) A tenor con lo antes expuesto, este Tribunal ha señalado que la determinación de si una parte debe o no ser considerada como indispensable "debe ser el resultado tan solo de consideraciones pragmáticas, de la evaluación de los intereses envueltos, lo que exige distinguir entre diversos géneros de casos." Hernández Agosto v. López Nieves, ante, a la pág. 606. Dicha conclusión dependerá de los hechos particulares y específicos del asunto bajo análisis. Granados Navedo v. Rodríguez Estrada, ante, a la pág. 605. Esto último "exige una evaluación jurídica de factores tales como tiempo, lugar, modo, alegaciones, prueba, clase de derechos, intereses en conflicto, resultado y formalidad." Sánchez Encarnación v. Sánchez Brunet, ante. La persona que reúna dichos criterios tendrá que ser traída al pleito para que tenga validez la sentencia que en su día se dicte. Granados Navedo v. Rodríguez Estrada, ante, a la pág. 603. De este modo, no es suficiente que se le haya informado sobre su oportunidad de intervenir en el pleito, sino que es necesario que se le haya hecho parte. Sobre este particular hemos precisado que la omisión de una parte indispensable, "aunque es motivo para desestimar el pleito, no constituye impedimento para que, a solicitud de la parte interesada, el tribunal pueda conceder la oportunidad de traer al pleito a la parte originalmente omitida, siempre y cuando el tribunal pueda adquirir jurisdicción sobre la misma." Meléndez Gutiérrez v. E.L.A., 113 D.P.R. 811, 816 (1983). Por tratarse de un asunto de vital importancia éste puede ser presentado en apelación por primera vez o aun suscitarse por este Tribunal sua ponte. Hernández Agosto v. López Nieves, ante, a la pág. 603-04. Por otro lado, debe señalarse que el Artículo 655 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2192, establece que: "declarado nulo un testamento abierto, por no haberse observado las solemnidades establecidas para cada caso, el notario que lo haya autorizado será responsable de los daños y perjuicios que sobrevengan, si la falta procediere de su malicia o de negligencia o ignorancia inexcusables." (Énfasis suplido.) D Como señaláramos anteriormente, para que una parte sea considerada como "indispensable" en un pleito, es necesario que el interés que tenga en la controversia sea de tal magnitud que sea imposible dictar un decreto final sin que el mismo lesione o destruya radicalmente sus derechos. De así actuarse, se le privaría a esta parte de su debido proceso de ley. Ahora, este interés tiene que ser real e inmediato. No se trata de meras especulaciones o de un interés futuro. En el caso que hoy ocupa nuestra atención, esto es, en la demanda que origina el mismo, no existe contra el notario Nolla Amado alegación alguna en reclamo de indemnización por daños y perjuicios que pudieran ocasionar un decreto de nulidad testamentaria. De hecho, al presente tampoco existe reclamación alguna al respecto. Y es que la misma no puede, todavía, existir. Ello así, en primer lugar, llana y sencillamente debido a que los demandantes recurridos no tienen causa de acción alguna contra el notario Nolla Amado. Por el contrario, si tienen éxito en la impugnación del testamento otorgado por el referido notario, ellos resultarían beneficiados. Por otro lado, la única persona que podría tener una causa de acción contra dicho notario sería el codemandado peticionario Noel A. Santana Igartúa. Dicha causa de acción se concretaría o advendría a la vida jurídica únicamente luego de que el decreto de nulidad del testamento otorgado por éste adviniera final y firme. Ello siempre que el referido peticionario Santana Igartúa pudiera demostrar que la actuación del notario fue una maliciosa o producto de ignorancia o negligencia inexcusables, como lo exige el antes citado Artículo 655 del Código Civil.[16] En el caso de autos, la controversia planteada en el mismo gira, exclusivamente, en torno a si el testamento otorgado por el notario Nolla Amado adolece, o no, de nulidad absoluta por razón de incumplimiento con ciertas solemnidades de fondo. Somos del criterio que para resolver esa controversia el notario Nolla Amado no resulta ser una "parte indispensable". Ello por razón de que en cualquier caso de esta naturaleza, en que efectivamente se decrete la nulidad absoluta de un testamento otorgado ante notario, dicha determinación necesariamente no conllevaría perjuicio para éste. Podría suceder que el perjudicado por dicha determinación judicial sobre nulidad testamentaria no radique acción judicial, en daños y perjuicios, contra dicho notario. Aun si así lo hiciera dicho perjudicado, éste, repetimos, tendría que demostrar que la falta en que incurrió el notario provino de su malicia o negligencia o ignorancia inexcusables. Esta es precisamente la conclusión a la que ha llegado el Tribunal Supremo de España ante una alegación de que no procedía dictar sentencia sobre nulidad o validez de un testamento sin que antes se hiciera formar parte del pleito al notario que autorizó el documento. Sentencia del Tribunal Supremo de España de 10 de noviembre de 1979. A esos efectos se expresó: La acción de nulidad de un testamento por no haberse observado las formalidades o solemnidades establecidas para el caso, ha de ser forzosamente dirigida contra todos los interesados, entendiéndose por tales los que de manera directa tengan interés en que se mantenga su validez y subsistencia . . . sin que tal acción tenga también que ser necesariamente dirigida contra el Notario que autorizó, y así lo viene estableciendo implícitamente la doctrina jurisprudencial, pudiendo citarse entre otras muchas, las SS. de 15 de marzo 1951 (R. 997), 24 octubre 1963 (R. 4157), 31 enero 1964 (R. 441), 27 septiembre y 15 noviembre 1968 (R. 5163 y 5816), 3 junio 1972 (R. 2597) y 16 diciembre 1975 (R. 4580), todas ellas recaídas en pleitos en los que se ejercitaba una acción de aquella naturaleza sin haber sido demandado el Notario autorizante del testamento, pese a lo cual, esta Sala no estimó la falta de litis consorcio pasivo necesario, como tendría que haberlo hecho incluso de oficio de ser tal circunstancia determinante de una defectuosa constitución de la relación jurídico procesal . . . (Énfasis suplido.) Comentando esta Sentencia nos señala, de manera categórica, Díez-Picazo que para pedir la declaración de nulidad del testamento, por no haberse observado las solemnidades exigidas por el Código Civil, "no es preciso demandar junto con los interesados al notario autorizante." Luis Díez-Picazo y Antonio Gullón, ante, a las págs. 376-77. Concurrimos con las autoridades y jurisprudencia citadas en que el funcionario que autoriza un testamento no es parte indispensable en un pleito donde se pasa juicio sobre la nulidad o validez de un testamento, sin que, naturalmente, esté presente una reclamación civil contra dicho funcionario. Esta es la única conclusión a la que podemos llegar en virtud de los postulados que sostienen la figura del notario de estirpe latina,[17] y, sobretodo, los pronunciamientos esbozados por este Tribunal en torno a la figura de "parte indispensable". En conclusión, resolvemos que en un pleito en que se impugne la validez de un testamento otorgado ante notario, éste no es "parte indispensable" en el mismo, ello por razón de que el posible perjuicio, o lesión, que pueda sufrir dicho notario no es uno real e inmediato, Hernández Agosto v. López Nieves, ante;[18] siendo el mismo, por el contrario, uno contingente, esto es, supeditado a que ocurran en el futuro una serie de eventos y circunstancias que, necesariamente, no tienen que darse. VII Por los fundamentos expresados, se expide el auto y se confirma la sentencia emitida por el Tribunal de Circuito de Apelaciones en el presente caso. Se dictará Sentencia de conformidad. FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ Juez Asociado SENTENCIA San Juan, Puerto Rico, a 23 enero de 2003 Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se expide el auto y se dicta Sentencia confirmatoria de la emitida por el Tribunal de Circuito de Apelaciones en el presente caso. Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Naveira de Rodón concurrió con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri emitió Opinión disidente. Patricia Otón Olivieri Secretaria del Tribunal Supremo Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor FUSTER BERLINGERI. San Juan, Puerto Rico, a 23 de enero de 2003. La mayoría del Tribunal suscribe una extensa opinión en el caso de autos en la cual se examinan varios asuntos referentes al derecho testamentario. En particular, se dedican muchas páginas a dilucidar los diferentes tipos de formalidades testamentarias y cómo se distinguen; los distintos medios que dispone el ordenamiento jurídico para la identificación del testador por el notario autorizante y la relación entre éstos, y otros asuntos más. Con arreglo a la enjundiosa interpolación de todos estos conceptos, la mayoría llega al resultado de que fue nula la institución del peticionario como único y universal heredero de los tercios de mejora y libre disposición del caudal en cuestión. Debo disentir del aludido dictamen mayoritario porque en mi criterio la mayoría dejó fuera de su análisis la consideración del asunto más importante para decidir el caso de autos. Todo el derecho testamentario existe para el logro de un objetivo cardinal. Lo que se busca es asegurar que prevalezca la voluntad del testador. Por ello, en casos en que se impugna de algún modo la validez o eficacia de un testamento, la cuestión más determinante siempre debe ser cuál fue en efecto la última voluntad del testador. El examen de los conceptos normativos pertinentes debe estar supeditado a ese objetivo cardinal que es hacer valer la voluntad del causante. Por ello, para mí no tiene ningún sentido jurídico la opinión de alguno que otro comentarista de que no es válida la institución hereditaria que haya hecho un causante, aunque la voluntad del testador sea conocida en forma indubitada, si esa voluntad se ha manifestado sin observar rigurosamente las solemnidades testamentarias. Tal forma de pensar vira al revés el propósito y razón de ser esencial de esta parte del derecho sucesorio; es decir, convierte erróneamente los medios que el derecho ha establecido para lograr un propósito en algo superior a ese propósito e independiente de éste. En el caso de autos, se examinan varios esquemas normativos del derecho testamentario, pero nada se dice sobre cuál fue realmente la voluntad del testador aquí. Se anula un testamento por unos errores notariales, pero no se indaga lo que para mí es la cuestión medular del caso. La misión judicial en controversias como la de autos no puede limitarse a dilucidar las reglas más inmediatas que sean aplicables. Debe expandirse el examen jurídico para asegurar que se honre la conocida voluntad del testador, que es en fin de cuentas el asunto más pertinente de esta controversia. En otras palabras, cuando en un caso como el de autos existe una controversia sobre el carácter o efecto de unas formalidades incumplidas, la trascendencia de tal incumplimiento debe aquilatarse a la luz de lo que se conoce sobre la voluntad del testador. Si de la prueba que se ofrece surge de forma segura y auténtica la última voluntad del testador, las formalidades inobservadas no pueden considerarse tan graves como para anular el testamento. Tales formalidades inobservadas quedan curadas por la prueba que establece la voluntad del testador. Este acercamiento a controversias como las del caso de autos, que ya antes reconocimos en Paz v. Fernández, 76 D.P.R. 742, 752 (1954), es la única manera en que realmente puede hacerse valer la voluntad del causante, principio rector del derecho testamentario. Como la mayoría no sigue el curso decisorio que me parece más propio, disiento. JAIME B. FUSTER BERLINGERI JUEZ ASOCIADO Notas al calce [1] José Ramón Vélez Torres, Curso de Derecho Civil, San Juan, Ed. Universidad Interamericana de Puerto Rico, 1992, T. IV, Pág. 80. [2] Otros argumentos presentados ante el foro de instancia por los demandantes-recurridos fueron: que la Ley Notarial de Puerto Rico, Ley Núm 75 de 2 de julio de 1987, 4 L.P.R.A. sec. 2001 et seq., no aplica a los testamentos y que, por consiguiente, el notario está vedado de utilizar los medios supletorios dispuestos en ésta para identificar a los comparecientes y que la falta de fe de conocimiento de los testigos por parte del notario abonaba a la invalidez del documento, ya que el Artículo 635, 31 L.P.R.A. sec. 2151, aplica sólo a la testadora y no a los testigos. [3] Debemos señalar que a pesar de que Santana Igartúa alegó en su oposición a la moción de sentencia sumaria que existía una controversia real de hechos, éste no expuso cuáles eran dichos hechos. Interpretando las alegaciones de su moción de la manera más favorable a su contención, nos parece que a lo que el peticionario se refiere es a si el notario conocía o no a la testadora. Esta es la única conclusión a la que podemos llegar si consideramos que los anejos incluidos por el peticionario en su escrito eran dos escrituras públicas, ambas de fechas anteriores al testamento, otorgadas por la Sra. Gertrudis Muñoz Mestre ante el notario Nolla Amado, donde éste daba fe de conocer a la testadora, y una declaración jurada suscrita por éste donde hace constar que el método utilizado para identificar a la testadora fue su propio y personal conocimiento. [4] Este artículo dispone que en defecto del conocimiento personal del notario la identificación de los otorgantes podrá llevarse a cabo "por documento de identidad con retrato y firma, expedido por las autoridades públicas competentes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de los Estados Unidos, o de uno de los estados de la Unión, cuyo objeto sea identificar a las personas o por pasaporte debidamente expedido por autoridad extranjera." [5] Esta norma ha sido consistentemente reiterada en los casos Paz v. Fernández, 76 D.P.R. 742, 751-52 (1954); Rivera Pitre v. Galarza Martínez, 108 D.P.R. 565, 568 (1979); In re Méndez Rivera, 141 D.P.R. 753, 757 (1996) y, más recientemente, en In re Iván A. Ramos Vélez, res. el 1 de junio de 2000, 2000 T.S.P.R. 82. [6] José Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil Español, 5ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1972, T. V, págs. 471-472. (Énfasis suplido.) [7] Artículo 634 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2150. Este artículo dispone, en lo pertinente, que: "El notario y dos de los testigos que autoricen el testamento deberán conocer al testador, y si no lo conocieren, se identificará su persona con dos testigos que le conozcan y sean conocidos del mismo notario y de los testigos instrumentales." [8] Id. [9] Artículo 635 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2151. Este artículo dispone, en lo pertinente, que: "Si no pudiere identificarse la persona del testador en la forma prevenida en la sección que precede, se declarará esta circunstancia por el notario, o por los testigos en su caso, reseñando los documentos que el testador presente con dicho objeto y las señas personales del mismo." [10] Refiriéndonos a este método de identificación en In re Olmo Olmo, 113 D.P.R. 441, 461 (1982), señalamos que "universalmente se reconoce que el conocimiento directo y personal del notario es el más idóneo y normalmente usado." [11] Es preciso destacar que en ocasión de interpretar este artículo, en Cintrón v. Cintrón, 70 D.P.R. 770, 781 (1950), establecimos que todo notario debe consignar esa cláusula general al final del testamento para evitar "el menor motivo de impugnación", aunque se reconoció que esta disposición no exige el uso de una fórmula sacramental. Así, concluimos que si del testamento se desprende que se ha cumplido con cada una de las formalidades que prescribe la ley, el hecho de no consignar una dación de fe general no justifica la anulación del testamento. Debemos aclarar, sin embargo, que las formalidades incumplidas en el referido caso eran de las que el Código no exige que de su cumplimiento se dé fe expresa en el testamento. En cuanto a estas últimas no podrá sostenerse la validez de un testamento donde no se haya incluido una dación de fe específica, aunque del testamento claramente se desprenda su cumplimiento. [12] En Paz v. Fernández, ante, se alegó la nulidad de un testamento por no haberse cumplido ciertas solemnidades; a saber: no se cumplió con el requisito de unidad de acto, no se consignó en el testamento que a juicio del notario y con arreglo a manifestaciones que ante él hubieran hecho los testigos instrumentales no se hallaban éstos comprendidos en ninguna de las prohibiciones establecidas por el Código Civil, falta de dación de fe por parte del notario de hallarse el otorgante a su juicio en el goce de sus facultades mentales, no aparecía consignada la advertencia a los testigos y al testador de su derecho a leer por sí el testamento y no se consignó que el testador y los testigos expresaron su conformidad con el testamento redactado. Por su parte, en Bardeguez v. Registrador, ante, tuvimos la ocasión de analizar si era necesario que se hiciera constar en el testamento que los testigos instrumentales conocían a la testadora y en Pacheco v. Sucn. Pacheco, ante, la validez de un testamento donde no se consignó expresamente la hora de su otorgamiento. Finalmente, en la Sentencia emitida por el Tribunal Supremo de España el 5 de octubre de 1962 se discutió si era válido un testamento donde no se dio fe de que el notario conocía a los testigos instrumentales. [13] El peticionario trae ante nuestra consideración una Sentencia del Tribunal Supremo de España de 27 de junio de 1917 donde se resolvió que: dar fe de que el notario conocía al testador no es un requisito esencial de forma para la validez del testamento y que debe concurrir en el acto del otorgamiento porque el propósito de esa formalidad es garantizar la identificación del testador a fin de prevenir posibles usurpaciones y ´queda ésta asegurada si el Tribunal adquiere la convicción de su existencia y así lo declara por la prueba practicada.´ Comentando la referida Sentencia nos expresa Manresa que considera "muy dudosa esta doctrina, dado el texto terminante del Artículo 699 [análogo al 649 de nuestro Código Civil]." Manresa, ante, a la pág. 663. [14] Tal como resolviéramos en Rodríguez Morales v. Registrador, 142 D.P.R. 347, 365, 366 (1997), citando al tratadista Roca Sastre, "el recurso gubernativo participa de la naturaleza de los actos de jurisdicción voluntaria, teniendo por objeto resolver si existen o no los defectos notificados por el Registrador, con la única finalidad de que se declare inscribible dicho título o que se deniegue su inscripción." [15] Nuestra Regla 16 de Procedimiento Civil tiene su origen, o proviene, de la Regla 19 de Procedimiento Civil federal. [16] Es decir, que no se trató de un mero error de juicio informado y honesto. Véase: Federación Pescadores de Playa Picúas v. U.S. Industries, Inc., 135 D.P.R. 303, 322 (1994). [17] Como es sabido, al autorizar un documento el notario da fe y asegura que el mismo cumple con todas las formalidades de ley, que el documento es legal y verdadero, y que se trata de una transacción válida y legítima. In re González Maldonado, res. el 20 de diciembre de 2000, 2000 T.S.P.R. 192. Desde ese momento el documento queda cobijado por la fe pública de manera que todo lo que allí se expresa se tiene por cierto. Se trata, pues, de una presunción juris tantum de que todo lo que el notario ha consignado en el documento- incluyendo los actos que ve y oye -es legal y verdadero. Id. Sobre este particular dispone el Artículo 2 de la Ley Notarial que la fe pública notarial "es plena respecto a los hechos que, en el ejercicio de su función personalmente ejecute o compruebe y también respecto a la forma, lugar, día y hora del otorgamiento." 4 L.P.R.A. sec. 2002. Tratándose de un documento notarial que goza de una presunción juris tantum de credibilidad, legalidad y certeza, no es necesario que el notario autorizante comparezca a probar, precisamente, esa misma legalidad y certeza. Esto, repetimos, goza de una presunción que habrá de prevalecer en ausencia de evidencia en contrario. El peso de la prueba para derrotar esta presunción recae en la parte que alega la invalidez del documento. Concluir lo contrario transgrede los pilares del Derecho notarial latino; esto es, destruye la presunción de que todo lo que bajo su firma, signo, sello y rúbrica exprese el notario se tendrá por cierto. [18] Ello no obstante, mediante oportuna solicitud del notario autorizante y a su entera discreción, el foro de instancia podrá permitir su intervención en el pleito; ello al amparo de lo dispuesto en la Regla 21.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 21.2.
