El acceso a la Justicia no puede verse limitado por la discapacidad.
- 20/03/2017
- España
Según apuntó Juan Manuel Fernández Martínez, vocal del CGPJ y presidente del Foro Justicia y Discapacidad
La inserción laboral de personas con discapacidad en organismos públicos y notarías, a debate en el Colegio Notarial de Madrid
Los asistentes destacaron la labor realizada por los Centros Especiales de Empleo, con más 20.000 personas con alguna discapacidad contratada; más del 10 por ciento se suele reincorporar al mercado laboral posteriormente
Madrid, 15 de marzo de 2017.- Los pasados 9 y 10 de marzo, el Colegio Notarial de Madrid acogió un curso superior universitario sobre ‘Servicios Auxiliares y Gestión Documental, para trabajadores con discapacidad en organismos públicos, oficinas y notarías’. Este seminario estuvo organizado por la Fundación Aequitas del Consejo General del Notariado, la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE).
Inauguración
La inauguración del curso corrió a cargo del presidente de la Fundación Aequitas y del Consejo General del Notariado -decano del Colegio Notarial anfitrión- José Ángel Martínez Sanchiz; quien estuvo acompañado por los tres directores del curso: Iván Heredia, codirector académico del Plan Progresa-Progresando de la UAM; Federico Cabello de Alba, notario y director de la sección social y económica de Aequitas; y Mar Barbero, gerente de CONACEE.
Martínez Sanchiz resaltó la importancia que su colectivo dedica a la protección jurídica de las personas con discapacidad: “está íntimamente vinculada con nuestra actividad cotidiana como notarios. Lo que une a los seres humanos son sus diferencias; nada como el pacto ante un notario para vertebrar esas diferencias en unidad y respeto a la personalidad ajena”.
Barbero puso de manifiesto la importancia que CONACEE concede a la formación, vehiculada en cursos como el celebrado en el Colegio Notarial de Madrid: “Uno de nuestros fines es formar a las personas con discapacidad para que se puedan incorporar al mundo laboral y buscar oportunidades de mercado. Hace 55 años se creó la LISMI, que por primera vez contemplaba legislativamente la contratación de personas con discapacidad; ahora desde nuestra patronal queremos que se mejoren las condiciones de los Centros Especiales de Empleo, empresas con fines sociales que retribuyen a las personas con discapacidad”.
La formación de las personas con discapacidad, también es una de las apuestas de la UAM en su inminente 50º Aniversario, resaltó Iván Heredia: “el programa Progresa-Progresando pretende integrar adecuadamente a los estudiantes; hemos creado en nuestra Universidad un área especializada para fomentar su empleabilidad”.
Por último, Cabello de Alba tomó el turno de palabra para exponer la labor de Aequitas en la inserción laboral de los colectivos más vulnerables: “el trabajo es un bien especial, porque nos dignifica. Desde Aequitas llevamos veinte años ayudando a dotar a las personas con discapacidad de una adecuada ubicación social. Aportar nuestro granito de arena en la organización de cursos como éste, nos llena de satisfacción”.
El notario, expuso el objetivo concreto del curso –que contó con numerosos alumnos-: “dar a conocer diferentes ámbitos laborales relacionados con la gestión documental y administrativa en diferentes sectores jurídicos: notarías, despachos de abogados, registros, juzgados…” con el fin de que los asistentes puedan conocer de primera mano las necesidades laborales en estos ámbitos y poder optar a un empleo con mayores conocimientos.
Ponencias
En ‘El negocio jurídico’, ponencia impartida por el doctor de Derecho Civil de la UAM, Sebastián López Maza se abordaron cuestiones generales y prácticas sobre los contenidos de los contratos, como el consentimiento, objeto, causa, la forma… El jurista prestó especial atención a la capacidad de consentir: “para poder prestar un consentimiento válido y eficaz, es necesario que los contratantes tengan suficiente capacidad de obrar; los menores de edad, emancipados y los mayores con capacidad modificada judicialmente precisan del auxilio de las personas que les representan”.
Juan Manuel Fernández Martínez, vocal del Consejo General del Poder Judicial y presidente del Foro Justicia y Discapacidad; trató en su intervención las características del documento público judicial y repasó los principales hitos del Foro que preside: “creado en 2003, en el seno del CGPJ, el Foro Justicia y Discapacidad, es un órgano interinstitucional del que forman parte todos los colectivos jurídicos y los ministerios de Justicia y Sanidad. Su finalidad es hacer efectivo el derecho básico de todas las personas de acceder a la Justicia, que no puede verse limitado por la circunstancia de su discapacidad”.
“La Justicia no es exclusiva de los jueces; tenemos un papel importante, pero antes de nuestra toma de decisión hay muchos profesionales que posibilitan previamente que el resultado sea justo: notarios, fiscales, abogados, procuradores, letrados de la Administración de Justicia....
Queremos que las personas con discapacidad accedan a estas profesiones jurídicas; la discapacidad no es una circunstancia de la persona, proviene de las barreras que genera el entorno. En este sentido, desde nuestro foro promovemos iniciativas como la ‘lectura fácil’ de los documentos públicos, que pretende que se recoja en sentencias o escrituras, sólo la esencia de lo tratado y de una manera entendible”, arguyó el magistrado.
Pepa Gª Lorente, analizó el ‘Tratamiento documental en despachos de abogados’; para la abogada y miembro del Foro Justicia y Discapacidad, en los últimos años se ha producido un cambio radical gracias a las nuevas tecnologías “en las relaciones entre abogados y procuradores con clientes y juzgados. Desde 2015, utilizamos LEXNET para realizar todas las comunicaciones con la Administración de Justicia”.
Ramón Corral, notario y presidente de la Fundación Aprocor, expuso la labor realizada en materia de inserción laboral en esa ONG en la charla “Perlas de vida y experiencia” junto a la directora de la Fundación, Leticia Avendaño. “El Centro Especial de Empleo Aprocor-Prosegur ha sido elegido como una de las mejores prácticas de responsabilidad corporativa y discapacidad de Europa. La clave ha sido modificar el foco de atención: centrarnos en la persona en vez de en la actividad”. A continuación, tomó la palabra, Eduardo Martínez, director del servicio de inserción laboral de APROCOR quien tras explicar la metodología de empleo con apoyo y ofrecer a los asistentes unas recomendaciones para la actualización de su curriculum vitae, invitó a Juanma y Lourdes -dos de las personas con discapacidad que reciben apoyo de la Fundación- a que relatasen sus vivencias personales en el mundo laboral.
Alberto Muñoz, registrador de la Propiedad, convirtió “Tratamiento registral de los documentos públicos” en un curso ameno y de corta duración para comprender mejor el mundo del Derecho y el trabajo de notarios y registradores. Explicó no pocas cuestiones primordiales: el objetivo del nacimiento del registro de propiedad, las relaciones entre éste último y el mercantil, las tres grandes clases de documentos públicos -notariales, judiciales y administrativos- y sus diferencias, los principios que rigen los documentos públicos del acceso al registro, las distintas formas de presentar el documento del registro en las administraciones públicas, los asientos registrales, los grandes libros del registro de propiedad… y dio por concluida la última intervención de la primera jornada del curso con una ronda de preguntas y dudas entre los presentes.
‘El documento público notarial’, fue el tema elegido por el notario colaborador de Aequitas, Rafael Díaz-Vieito. Díaz-Vieito realizó un recorrido detallado a los asistentes, por la función notarial, “que ha reforzado su carácter funcionarial en los últimos años, razón por la que el Gobierno le ha atribuido nuevas competencias.
Aunque su régimen sea de carácter profesional, es consustancial a la función notarial su carácter público. Entre los principios que caracterizan al notario destacan: no actuar nunca de oficio, sino a petición de las partes; la obligatoriedad de prestar la función si se les solicita; no poder rechazar asuntos, siempre y cuando estén acordes con el ordenamiento jurídicos; actuar de manera imparcial; atender por igual a las partes, equilibrando su situación si fuera asimétrica; controlar la legalidad de todo lo que se va a autorizar o la libre elección del notario por parte del particular”.
Centros Especiales de Empleo
La experiencia de los Centros Especiales de Empleo fue la última ponencia del curso y fue expuesta por Ángel Luis González Olivares, director gerente del Grupo de Integración Almida y vicepresidente de CONACEE y Alejandro Rancho, presidente de la Fundación AVATA. Rancho señaló que “AVATA cuenta con 14 Centros Especiales de Empleo para Víctimas de Accidentes de Tráfico, donde se realizan programas de orientación y formación para el empleo con ajustes personales para la adecuada cualificación profesional. Los Centros Especiales de Empleo han demostrado ser un servicio sólido generador de empleo estable, aunque no todos disponen de apoyo de personal suficientemente cualificado. El compromiso y la responsabilidad profesional
solamente serán plenos cuando se consiga el mayor beneficio para las personas”.
Olivares, por su parte, señaló que “cuando se ayuda a una persona con discapacidad hay que definir su perfil profesional planificando un itinerario que les permita acceder a los puestos de trabajo de nuestras empresas clientes. Más de 20.000 personas trabajan en estos centros y casi el 12 por ciento se incorpora al mercado ordinario posteriormente; transmiten garantía de confianza, competitividad, rentabilidad, eficacia y profesionalidad”.
