José Manuel García Collantes, elegido por unanimidad presidente del Consejo General del Notariado.
- 11/12/2012
- España
Joan Carles Ollé, vicepresidente
El nuevo Consejo está integrado por los decanos de los 17 Colegios Notariales existentes, uno por Comunidad Autónoma.
Entre sus principales objetivos figura garantizar a la sociedad un servicio notarial sostenible económicamente y ejercido de manera ágil en beneficio de la sociedad.
Ha quedado constituido el nuevo
Consejo General del Notariado, que representa a los casi 3.000 notarios españoles y está integrado por los decanos de los 17 Colegios Notariales existentes. El Consejo acordó por unanimidad la elección como presidente de José Manuel García Collantes (decano del Colegio Notarial de Madrid). Asimismo fue elegido vicepresidente de la institución Joan Carles Ollé Favaró (decano del Colegio Notarial de Cataluña). Su mandato será de cuatro años.
Junto al presidente y vicepresidente fueron designados miembros de la Comisión Permanente del Consejo General del Notariado, Salvador Torres Ruiz (decano del Colegio Notarial de Andalucía), Ángela Villanueva Romero (decana del Colegio Notarial de Extremadura) y César Belda Casanova (decano del Colegio Notarial de Valencia).
Junto al presidente y vicepresidente fueron designados miembros de la Comisión Permanente del Consejo General del Notariado, Salvador Torres Ruiz (decano del Colegio Notarial de Andalucía), Ángela Villanueva Romero (decana del Colegio Notarial de Extremadura) y César Belda Casanova (decano del Colegio Notarial de Valencia).
Principales objetivos
El nuevo Consejo tiene entre sus principales objetivos garantizar a la sociedad un servicio notarial sostenible económicamente, ejercido de manera ágil en beneficio de los ciudadanos y de las empresas, fundamentalmente de los consumidores. Un servicio público al que tienen derecho todos los españoles y que es posible por la labor diaria que realizan los casi 3.000 notarios y los más de 17.000 profesionales que
trabajan para ellos, que se autofinancia íntegramente con el arancel notarial.
Asimismo, potenciará el derecho de los ciudadanos a elegir el notario que deseen y a que no se lo impongan los grandes operadores, y la labor asesora e imparcial del colectivo notarial, que ha de velar siempre por la parte más débil de los contratos. Con el mismo objetivo se pondrá en valor la escritura: un documento público que es probatorio, ejecutivo y legitimador gracias a que los notarios controlan la legalidad y a que ejercen una función pública por delegación del Estado.
En línea precisamente con agilizar los servicios, el Consejo seguirá potenciando el desarrollo tecnológico de los notarios, que son ya uno de los colectivos profesionales más avanzados en esta materia, acostumbrados al uso de una red telemática que integra a todas las notarías del país y las comunica con los registros y las administraciones públicas. De igual manera y en beneficio de la sociedad se seguirá colaborando estrechamente con la Administración y la Justicia en la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y el fraude fiscal, y en la generación de estadísticas que contribuyan al mejor conocimiento de la realidad económica y social del país.
Este Consejo trabajará para garantizar a la sociedad su derecho a un sistema de seguridad jurídica preventiva como el español, sin duda uno de los mejores del mundo, máxime en un momento como el actual, donde la protección jurídica es indispensable para el crecimiento económico.
Entre sus objetivos para los para los próximos cuatro años también figuran asumir atribuciones en materia de jurisdicción voluntaria que permitan descargar a los tribunales, y por tanto mejorar el funcionamiento de la justicia española; lograr el reconocimiento legal, con carácter general, del control de legalidad notarial, para evitar que se desnaturalicen la función notarial y los valores de la escritura pública, y la aprobación de una ley de seguridad jurídica preventiva que determine definitivamente el encaje de la función notarial y registral, en base a su carácter complementario.
El nuevo Consejo tiene entre sus principales objetivos garantizar a la sociedad un servicio notarial sostenible económicamente, ejercido de manera ágil en beneficio de los ciudadanos y de las empresas, fundamentalmente de los consumidores. Un servicio público al que tienen derecho todos los españoles y que es posible por la labor diaria que realizan los casi 3.000 notarios y los más de 17.000 profesionales que
trabajan para ellos, que se autofinancia íntegramente con el arancel notarial.
Asimismo, potenciará el derecho de los ciudadanos a elegir el notario que deseen y a que no se lo impongan los grandes operadores, y la labor asesora e imparcial del colectivo notarial, que ha de velar siempre por la parte más débil de los contratos. Con el mismo objetivo se pondrá en valor la escritura: un documento público que es probatorio, ejecutivo y legitimador gracias a que los notarios controlan la legalidad y a que ejercen una función pública por delegación del Estado.
En línea precisamente con agilizar los servicios, el Consejo seguirá potenciando el desarrollo tecnológico de los notarios, que son ya uno de los colectivos profesionales más avanzados en esta materia, acostumbrados al uso de una red telemática que integra a todas las notarías del país y las comunica con los registros y las administraciones públicas. De igual manera y en beneficio de la sociedad se seguirá colaborando estrechamente con la Administración y la Justicia en la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y el fraude fiscal, y en la generación de estadísticas que contribuyan al mejor conocimiento de la realidad económica y social del país.
Este Consejo trabajará para garantizar a la sociedad su derecho a un sistema de seguridad jurídica preventiva como el español, sin duda uno de los mejores del mundo, máxime en un momento como el actual, donde la protección jurídica es indispensable para el crecimiento económico.
Entre sus objetivos para los para los próximos cuatro años también figuran asumir atribuciones en materia de jurisdicción voluntaria que permitan descargar a los tribunales, y por tanto mejorar el funcionamiento de la justicia española; lograr el reconocimiento legal, con carácter general, del control de legalidad notarial, para evitar que se desnaturalicen la función notarial y los valores de la escritura pública, y la aprobación de una ley de seguridad jurídica preventiva que determine definitivamente el encaje de la función notarial y registral, en base a su carácter complementario.
