La Diputación Foral de Bizkaia y los notarios colaborarán en la prevención del fraude fiscal.
- 29/05/2008
- España
La función que ejercen los notarios garantiza los intereses públicos y de terceras personas.
- Ambas instituciones han firmado un convenio para el aprovechamiento de la información que los notarios generan.
- El acuerdo establece también los medios de coordinación entre los notarios de Bizkaia y el Catastro Inmobiliario Foral.
El Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia y el Consejo General del Notariado han suscrito un convenio para colaborar en la prevención del fraude fiscal.
Este acuerdo, que tendrá vigencia inicial hasta el 1 de diciembre de 2009, sienta las bases para el aprovechamiento de la información que el colectivo de notarios genera, al objeto de facilitar la detección, y por ello dificultar desde sus fases más tempranas, del fraude fiscal en sus variadas formas, mejorando la colaboración individual y atomizada de cada uno de los notarios con la Hacienda Foral de Bizkaia.
El convenio ha sido firmado esta mañana por José María Iruarrizaga Artaraz, diputado de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia; José Marqueño de Llano, presidente del Consejo General del Notariado y Manuel López Pardiñas, decano del Colegio Notarial de Bilbao.
Para el presidente del Consejo General del Notariado, “esta colaboración encuentra su plena justificación en el mismo concepto de notario como titular de una función pública, que ha de garantizar tanto los intereses públicos como los de terceras personas”.
Doble Objetivo
El presente Convenio tiene un doble objetivo: Por un lado, concreta la forma y condiciones en que el Consejo General del Notariado suministrará al Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia la información con trascendencia tributaria contenida en su Índice Único Informatizado. Esta colaboración se articulará a través de:
- El suministro periódico de información sobre hechos, actos o negocios realizados por los contribuyentes vinculados a la Hacienda Foral de Bizkaia. En este sentido, con carácter general, suministrará información sobre todas las operaciones realizadas por contribuyentes vizcaínos en el Territorio Histórico de Bizkaia o fuera de él, e incluso por contribuyentes no vizcaínos que sean deudores de la Hacienda Foral de Bizkaia o intervengan en operaciones con inmuebles que radiquen en Bizkaia.
- El suministro de información sobre tipos de operaciones o grupos de operaciones con riesgo de fraude fiscal en los que consten hechos, actos o negocios sobre inmuebles, siempre que alguno de los intervinientes tenga su domicilio fiscal en Bizkaia o que el inmueble radique en dicho territorio.
- Los requerimientos de información de la Hacienda Foral de Bizkaia, sin perjuicio de las obligaciones de información previstas en las normas legales.
- La cooperación con el Órgano de Colaboración Tributaria del Consejo General del Notariado.
Por otro, se establecen los medios y procedimientos para mejorar el principio de coordinación entre el Servicio de Catastro de la Hacienda Foral de Bizkaia y los notarios con demarcación en esta provincia de manera que se garantice la identificación de los bienes inmuebles, mediante distintas técnicas de traslado de información que faciliten la transparencia del tráfico jurídico inmobiliario.
Colaboración con las administraciones
Con el fin de intensificar y canalizar la colaboración de los notarios con las Administraciones Públicas en la lucha para erradicar determinados tipos de delitos económicos -como el blanqueo de capitales o el fraude fiscal- el Consejo General del Notariado ha creado en los últimos tres años el Órgano de Prevención del Blanqueo (OCP) y el Órgano de Colaboración Tributaria (OCT). Los profesionales de estos órganos analizan la información contenida en el Índice Único Informatizado del Notariado, que almacena y clasifica electrónicamente el contenido de todas las escrituras públicas, y comunican las operaciones con indicios de delito a las Administraciones judiciales y administrativas competentes (Agencia Tributaria y Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales, entre otros...).
