Repercusiones sobre la residencia fiscal de argentinos en Uruguay.

• 16/01/2020
• Uruguay

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Nota de Opinión

Por Cr. Federico Vuille Lafourcade

Socio Director de VL Consultores

Uruguay

A tres meses de haber anunciado la flexibilización de las exigencias para la obtención de la residencia fiscal.

Tal y como lo anunciara el Dr. Leonardo Costa, socio del estudio Brum Costa Abogados, en el evento organizado el 16 de octubre de 2019 en Buenos Aires por el estudio VL Consultores de Uruguay, “con la asunción de un nuevo gobierno era de esperarse que nuevas modificaciones flexibilizaran la exigencia para gestionar la residencia fiscal en Uruguay”. (*Publicado en la revista del mes de diciembre de la APPCU).

Según información primaria, que ha trascendido en prensa y sobre la cuales se tardaron en aparecer las puntualizaciones al respecto, el electo presidente Señor Luis Lacalle Pou, apuntaría a atraer 50.000 extranjeros con determinado perfil a radicarse en nuestro país. Dicho perfile serían, contribuyentes de alta calidad o personas que tengan patrones de alto consumo. Hasta el momento no es posible avanzar en ningún tipo de puntualización firme, ya que aún no conocemos ningún texto normativo en concreto; pero de todas maneras podemos ir elaborando algunas consideraciones. Entonces, dada las declaraciones de “atraer 50.000 extranjeros”, no podemos confirmar que el objetivo en sí sea de atraer específicamente 50.000 residentes fiscales, sino más bien poder atraer 50.000 personas que se conviertan en residentes legales. Esto no es un tema menor, ya que como es sabido y aunque no se trate con frecuencia, Uruguay tiene un desafío demográfico por delante; sabemos que es un país escasamente poblado. Esto no solo contribuiría en ese sentido, sino que también por el perfil de estos consumidores, podrían eventualmente dinamizar el comercio en determinados centros poblados de nuestro país.

Según afirmara Lacalle Pou: “Yo primero voy por las familias, después que estén las familias, van a poder traer la plata”, entonces es de esperarse lo que ya anunciáramos en el evento (organizado por VL Consultores) respecto a la flexibilización de las condiciones para gestionar la residencia fiscal en Uruguay.

A saber, deben cumplirse alguna de estas condiciones para la residencia fiscal, que de manera resumida son: a) permanecer en el país más de 183 días, b) tener en el país el centro de intereses vitales, c) generar en el país la mayor parte de sus ingresos económicos (en la comparación país vs. país), o por último, d) tener una inversión en inmuebles por un valor cercano a 1:8 millones de dólares o de 5:3 millones de dólares en caso de que la inversión sea en una empresa. Entendemos que la flexibilización va a venir por el lado de poder bajar significativamente el monto establecido en la última condición anteriormente mencionada (d), respecto a los montos de inversión a realizar en Uruguay.

Al margen de que a priori, y considerando la cantidad de residencias tanto legales como fiscales emitidas por nuestro país, este objetivo parece ser bastante ambicioso y de difícil realización. De todos modos, es gratamente bienvenido ya que otorga más herramientas al momento de captar inversiones extranjeras de forma directa para nuestro país.

Creo que es muy importante que Uruguay no actúe de manera ingenua en este tema, y también pensemos que el gobierno argentino, y más precisamente AFIP, no se va a quedar de brazos cruzados mirando como sus contribuyentes se van dando de baja para migrar a otra jurisdicción. Y, por supuesto, la reacción del próximo gobierno no se hizo esperar. Con muy buen criterio y con mucha cautela, el equipo de trabajo cercano a Lacalle Pou, relativizó la cifra que transcendió originalmente en prensa (100.000 residentes y luego 50.000) y así lo dejó en claro el futuro Ministro de Turismo Germán Cardoso, quien manifestó en entrevista al Diario La Nación (AR), al Diario El País (UY) y al portal Infobae (AR), que “el gobierno electo no está trabajando en ninguna medida específica para ciudadanos argentinos y que no se han manejado ningún tipo de cifras sobre la cantidad de residentes a atraer”. Por su parte, las reacciones de AFIP tampoco se hicieron esperar. Según publicó Diario Perfil, AFIP comenzará a poner más la lupa en quiénes gestionen la baja de su “calidad de residente fiscal” para mudarse a otra jurisdicción.

Este tipo de medidas, de comunicar en prensa de que se realizarán determinados procesos inspectivos del tipo que fuese, normalmente generan un impacto altamente negativo; desestimulando en alguna medida a quiénes estén planificando determinadas acciones, como en este caso, el de cambiar la residencia fiscal de una jurisdicción a otra.

Al mismo tiempo, el actual presidente de la Nación Argentina, el Señor Alberto Fernández manifestó en la entrevista emitida el lunes 13 en el Canal C5N, la “preocupación” por el trascendido en prensa respecto a que el gobierno uruguayo electo aspire a atraer a 100.000 argentinos. Aspecto que fuera desmentido por el futuro Ministro de Turismo de Uruguay, Germán Cardoso. Continuando con la entrevista, Alberto Fernández siguió: “Si fuera Lacalle Pou, lo pensaría dos veces y me enfocaría en recuperar a los argentinos que se fueron.” A través de sus manifestaciones deja a entrever que Uruguay podría ser considerado como paraíso fiscal.

Aunque es muy importante aclarar que, por el solo hecho de llevar a cabo medidas que flexibilicen las condiciones para gestionar la residencia fiscal, un país no se convierte en paraíso fiscal solo por esto. A través de las palabras expresadas por el presidente argentino, entendemos que el objetivo del Señor Fernández fue más un mensaje por, sobre todo, tendiente a advertir sobre cuidar las formas en los temas relacionados con materia internacional entre ambos países. La gestión de la residencia fiscal es un tema que no es de utilidad para todos los contribuyentes. Incluso para aquellos que pudieran renunciar a su residencia fiscal en Argentina y, por ejemplo, convertirse en residentes fiscales en Uruguay, Paraguay o España; pudiendo esto traer resultados inesperados o no deseados, como una investigación con contingencias fiscales sobre las que “el interesado” no es consciente. Es por esto, que recomiendo ampliamente analizar otras medidas alternativas a la de gestión de la residencia fiscal, que dentro del marco legal les permitan generar efectos similares.